La demolición del estado de derecho

FUENTE: Forum Libertas

La justicia es uno de los pilares necesarios del estado de derecho. Esto sólo ya determina su carácter decisivo para que una sociedad pueda sentirse realmente libre, pero sus efectos son mucho más amplios porque afectan también, y de una manera muy decisiva, a la actividad económica.

Nuestra sociedad, como todas las desarrolladas, se caracteriza por un elevado grado de regulaciones. Su abundancia, excesiva, comporta que una gran parte de la actividad económica se encuentre condicionada por el funcionamiento de la administración de Justicia que atiende posibles infracciones de todo lo que está regulado. Por eso, medir la eficacia de la justicia es uno de los indicadores del grado de competitividad global de un país.

En España el problema de la Justicia viene de lejos. Es crónico, pero a pesar de todas las advertencias no sólo no se hizo nada en el pasado para atajarlo sino que se han incorporado elementos para la acentuación del problema.

Por una parte los legisladores y el Ejecutivo, los otros dos componentes también necesarias del estado de derecho, adoptan medidas que significan un incremento extraordinario de la carga de trabajo de la administración de Justicia sin que existan en paralelo los estudios necesarios que indiquen cuáles son las nuevas necesidades en personal y medios materiales.

Es el caso de la Ley de Protección Integral de la Mujer y de la modificación del Código Penal para incorporar determinados delitos sobre el tráfico, por citar dos referencias recientes y que están colapsando muchos juzgados. Debería estar prohibido elaborar leyes que no fueran acompañadas de las previsiones necesarias para su correcta aplicación.

Pero hay otro aspecto de la cuestión que ya no es de recursos sino que es el resultado de la partitocracia española, el cáncer que va corroyendo todas las instituciones.

Se trata de la politización de sus jueces y fiscales hasta extremos simplemente insoportables. Las cuotas de partido han acabado de apuntillar una situación que ya rebasaba todos los límites.

A la falta de medios, a la generación de nuevas cargas, a la politización, se les ha sumado algo particularmente negativo: situar al frente de la gestión, el Ministro de Justicia, a una persona radicalmente incompatible con cualquier medida racional, simplemente porque su vocación y perfil no es la de una persona que inspire confianza y genere consensos sino la de “un jabalí” parlamentario cuya única misión es castigar el hígado de la oposición.

Ahora la crisis ha estallado y ha alcanzado unas proporciones escandalosas. Se acumulan en pocos días los datos negativos.

El caso de la pequeña Mari Luz ha evidenciado una situación de fracaso en aquello que es fundamental, el que la justicia sea justa.

Ahora la noticia de la absolución del asesino de un policía por negligencia de la policía judicial, la fiscalía y el tribunal, significa un mazazo tremendo.

¿Qué ciudadano puede tener la más mínima esperanza, confianza, en la justicia que pueda impartirse para asuntos pequeños que le afecten a él, si ante tamañas cuestiones se producen fallos tan estrepitosos?

Y como mar de fondo una huelga de funcionarios que ha paralizado el sistema administrativo en todas aquellas comunidades donde no ha sido transferida dicha competencia.

Y un ministro, todavía en funciones, que se revela como incapaz de conseguir que vuelvan al trabajo.

En toda esta desastrosa situación el presidente del gobierno anda desaparecido. Ni una sola comparecencia, ni una sola declaración, nada indica, no ya que tenga soluciones, sino que haya asumido el problema en toda su dimensión.

Quizás empiece a confirmarse muy pronto nuestro vaticinio: la reelección de Zapatero significará un desastre de proporciones insólitas para el buen funcionamiento de la sociedad y la economía española.